*Por Alberto Gandulfo
Ante la situación de Emergencia Social y la necesidad inmediata de generar trabajo y producción, el próximo gobierno nacional y popular que asuma en diciembre del 2019 deberá recomponer la política pública para poder impulsar el desarrollo del mercado interno, enfrentar las situaciones de pobreza e indigencia que sufre nuestro pueblo y avanzar en la construcción del sujeto colectivo del nuevo contrato social para derrotar definitivamente al modelo neoliberal que impusieron en la Argentina, y en América Latina, las grandes corporaciones extractivistas, transnacionales y de la especulación financiera.
La gravedad del problema alimentario y nutricional se deberá enfrentar con una fuerte dosis asistencial del gobierno nacional a través de las acciones de contención que brindan los gobiernos provinciales, municipios y los movimientos sociales; mientras que desde las políticas públicas se deberá impulsar un sistema local de producción y consumo de alimentos saludables destinado a mejorar la comensalidad de los sectores populares, que priorice la producción agroecológica de la agricultura familiar, genere valor y nuevos puestos de trabajo y facilite condiciones para el desarrollo del mercado solidario y el consumo responsable, siempre proyectado en perspectiva de construir la soberanía alimentaria.
Si bien la emergencia habitacional se deberá resolver con acciones asistenciales de los gobiernos locales que posibiliten respuesta inmediata a las críticas situaciones de calle, suspensión de los desalojos y contención de las situaciones de violencia familiar; desde las políticas públicas se deberá impulsar programas de mejoramiento del hábitat popular para resolver las situaciones de hacinamiento familiar, deterioro habitacional, falta de acceso al agua potable y demás elementos del hogar (calefacción, instalaciones eléctricas, equipamiento, etc) y fomentar acciones que prioricen la autogestión en la construcción y en la mejora de viviendas, en infraestructura comunitaria a través de las cooperativas de trabajo para la reparación de centros de salud, escuelas, espacios públicos, en el tratamiento y reciclado de residuos. Acciones que contemplen resolver situaciones de regulación dominial y creación de banco de tierras para la planificación urbana y ordenamiento territorial, proyectado en perspectiva de ciudades saludables. (En Buenos Aires, cumplimiento de la Ley provincial de Acceso al Hábitat)
El sobreendeudamiento financiero que sufren los sectores populares es otro componente transversal de la Emergencia Social que el futuro gobierno deberá resolver. Producto de la recesión económica, la inflación y la consecuente depreciación de los ingresos familiares para cubrir la canasta básica debido al encarecimiento desmedido de los alimentos, el aumento constante del transporte y los servicios públicos; junto al incremento de la precarización laboral, el desempleo y la falta de expectativa en la búsqueda de trabajo; y además por la ausencia de control y regulación estatal sobre la sobreoferta crediticia de la especulación financiera con intereses usurarios (Tarjeta Naranja, crédito fácil, las grandes cadenas comerciales, bancos y financieras y hasta el ANSES, sin mencionar la estafa financiera que significan los créditos hipotecarios UVA) han generado una crítica situación de sobre endeudamiento popular que no guarda antecedentes en la Argentina, y de la cual no se tiene ningún registro oficial. Será un tema prioritario para el nuevo Gobierno que deberá recomponer el deterioro en que se encuentra la banca pública y contemplar la crítica situación que atraviesan las familias, los empresarios y los trabajadorxs.
En función de la respuesta inmediata se condiciona la estrategia de desarrollo, por eso estos tres componentes de la Emergencia Social deberán ser contemplados en forma integral y simultánea con Políticas Públicas activas de rápida resolución a las situaciones más críticas junto a nuevas formas organizativas que estratégicamente permitan captar los ingresos locales destinados al consumo popular; que gradualmente se reinviertan en proyectos de la Economía Solidaria generando nuevos puestos de trabajo, prioricen la creación de valor agregado en origen y favorezcan condiciones de mercado a precio justo y consumo responsable. Por ejemplo, un claro dinamizador del mercado de trabajo es el sector textil que deberá ser priorizado, protegido y promovido por las nuevas políticas públicas de empleo y producción.
Como vemos, en los primeros 100 días de gobierno se deberán tomas acciones de emergencia social, de rápida respuesta y definición de aumentar las transferencias a políticas universales de asistencia directa que mejoren las condiciones de vida de los trabajadorxs pero tengamos presente solo las finanzas solidarias serán capaces de contemplar situaciones personales, particulares y de mayor criticidad para resolver favorablemente los problemas alimentarios, habitacionales y del injusto endeudamiento que padecen los sectores populares porque a través de la organización popular son las que permiten recuperar la confianza y la dignidad del Trabajo para reconstruir el tejido social y productivo.
Proponemos conformar un Sistema federal de finanzas solidarias concebido a partir de la subsidiariedad del Estado y con un amplio despliegue de base territorial, en articulación con organizaciones de la Economía Solidaria, que tenga por finalidad dar respuestas efectivas a la situación de sobre endeudamiento financiero que actualmente padecen los trabajadorxs argentinxs, y concebido en perspectiva de captar la renta local para sustentar el desarrollo productivo a partir de vincular la producción y el consumo popular. La propuesta se instrumenta en la constitución de una extensa red de consorcios de gestión local que interpelen en una novedosa dinámica de espacios multiactorales entre el Estado municipal y/o provincial con las organizaciones de la EPSS: cooperativas y mutuales, redes de microcrédito, asociaciones de productores y consumidores, mercados y almacenes solidarios, clubes de trueque, centros vecinales, grupos juveniles y otros.
En definitiva, crear un sistema de finanzas solidarias, partícipe de una política económica que centre su accionar en el sujeto trabajador/ra, contemple la complejidad de los procesos productivos y el consumo responsable pero teniendo muy presente las condiciones recesivas del mercado altamente concentrado y transnacionalizado.
Partimos de rescatar la experiencia de la Comisión Nacional de Microcrédito – Conami, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el periodo 2006/2015, porque la consideramos un instrumento valioso de Política de Estado (vigente aún bajo el ajuste fiscal del gobierno actual) que servirá de plataforma inicial para implementar en forma inmediata una masiva estrategia de Finanzas Solidarias que permita dar respuesta directa a la Emergencia Social. Se concibe al Sujeto Trabajador/ra como acreedor a un sistema de crédito solidario, que en lógica de reciprocidad se integre en grupos de garantía solidaria y cuente con el acompañamiento permanente de las organizaciones solidarias utilizando las metodologías del microcrédito para resolver la problemática particular por el endeudamiento compulsivo y usurario que la gran mayoría de trabajadorxs argentinos tienen con el sistema financiero; pero a la vez, se priorice acompañar la evolución productiva de los emprendimientos y empresas sociales, incorporar tecnologías adecuadas que puedan potenciar su capacidad de generar ingresos en forma creciente, gradual y escalonada para satisfacer las necesidades familiares y de reproducción social de la vida.
Además de convocar a las 1600 organizaciones sociales que ya instrumentaron microcrédito con fondos Conami: bancos populares de la buena fe, redes de gestión asociada y consorcios de gestión local, se deberá ampliar la instrumentación (con los postulados de la Ley 26117) a través de miles de cooperativas y mutuales que disponen de amplia capacidad administrativa y despliegue territorial en todo el país; sumar a las organizaciones de productores y consumidores vinculadas a los movimientos sociales, los clubes de trueque que volvieron a resurgir con la crisis y a las múltiples experiencias de ferias de emprendedorxs que existen en cada localidad “con una metodología de fácil acceso en la utilización por los mismos trabajadorxs, pero fundamentalmente generando y promoviendo organización social, desarrollo productivo y concientización política”
Para la implementación del sistema federal de finanzas solidarias se requerirá de una fuerte decisión política traducida en capacidad de gestión de una importante asignación presupuestaria, y desarrollar una planificación estratégica que supere las limitaciones operativas y de escala productiva de la EPSS que a la vez permita integrar más rápidamente la compleja heterogeneidad y diversidad de los emprendimientos en la vinculación territorial de producción y consumo solidario, priorizando la generación de trabajo en los jóvenes, la creación de valor agregado en origen y organizarse en perspectiva de la distribución de la riqueza local.
En el nuevo momento histórico que se abre en la Argentina, se trata de resignificar la relación Estado, mercado y organizaciones solidarias en la construcción del sujeto colectivo de la otra economía que sustente la concepción del nuevo contrato social.
